San Cristóbal (República Dominicana). Con el propósito de fortalecer las competencias técnicas y profesionales del personal del sistema penitenciario, el Instituto Superior Especializado de Estudios Penitenciarios y Correccionales (ISEEPENC), del Ministerio de Justicia, dejó iniciado el diplomado en Gestión y Tratamiento Penitenciario, en un acto celebrado en el municipio de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal.
La actividad de apertura tuvo lugar en el referido centro educativo y estuvo encabezada por el Mtro. Jaime Francisco Rodríguez, rector del Instituto Superior Especializado de Estudios Penitenciarios y Correccionales; licenciado Roberto Santana Sánchez, director general de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, fundador del ISEEPENC; licenciada María Mercedes Ortiz, senadora de la República, provincia Hermanas Mirabal, vicepresidenta del Consejo provincial para la Reforma Carcelaria; Soila Rodríguez Infante, magistrada Procuradora Fiscal de la provincia; licenciada Marta Reyes, secretaria del Consejo Provincial para la Reforma Carcelaria; licenciada Lina Abel González, directora de la Oficina Provincial para el Desarrollo de la Mujer, Representación Legal de Víctimas; licenciada Anyary Gómez, Alcaide de Cárcel Pública Juana Núñez de Salcedo y el Señor Luciano Bertozzo, coordinador de la Oficina Técnica Provincial y presidente de la filial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la provincia Hermanas Mirabal, así como el acompañamiento en la organización virtual del señor Jaime David Fernández Mirabal, exvicepresidente de la República.
Con el objetivo de desarrollar en los participantes las competencias necesarias para la gestión eficiente y el tratamiento integral de la población penitenciaria, mediante la aplicación de conocimientos técnicos, normativos y éticos que contribuyan al fortalecimiento del sistema penitenciario y a la reinserción social efectiva.
El diplomado contará con un contenido académico estructurado que permitirá a los participantes adquirir herramientas actualizadas en materia de, origen de la reforma penitenciaria, creación y funcionamiento del ISEEPENC; causas y consecuencias de la criminalidad; gestión administrativa en el sistema penitenciario y correccional, entre otros.
El programa académico tendrá una duración de tres meses y será impartido en las instalaciones del liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro, Villa Tapia, Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, permitiendo a los participantes adquirir conocimientos y herramientas prácticas relacionadas con la gestión, administración y tratamiento de las personas privadas de libertad, con una duración de 104 horas, equivalentes a 6.5 créditos, distribuidos en 2 créditos para realización de labores docentes presenciales (HT), con un total de unas (32 horas); dos créditos y medio (2.5) destinados a jornadas académicas virtuales (HTV); medio crédito para visitas y recorridos a CCRs (V); un crédito y medio (1.5) para pasantía, prácticas en las áreas de los CCRs (HP).
La docencia de apertura estuvo a cargo de los facilitadores, José Daniel Perdomo, M.A y Lusy Yohanny Pepen Rodríguez, M.A., los cuales desarrollaron los temas, Origen de la Reforma Penitenciaria, Creación y Funcionamiento del Instituto Superior Especializados de Estudios Penitenciarios y Correccionales y Normativas y Base Legal del Sistema Penitenciario y Correccional, respectivamente.
En el marco de la agenda institucional, la ocasión fue propicia para realizar un recorrido de supervisión por la Fortaleza Juana Méndez y el proceso de construcción del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Salcedo.
A esta visita se sumaron la honorable senadora de la provincia, en su calidad de vicepresidenta del Consejo Provincial para la Reforma Carcelaria, así como el director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), fortaleciendo el carácter interinstitucional de la jornada. Estas acciones se enmarcan en el compromiso de continuar impulsando el desarrollo y consolidación de la reforma penitenciaria, orientada a garantizar espacios dignos, seguros y acordes a los estándares establecidos para la gestión y tratamiento de las personas privadas de libertad.