Despacho del titular

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Gladys Esther Sánchez Richiez Rectora

Egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo-UASD, ha realizado maestrías, especialidades y diplomados nacionales e internacionales, entre ellos: maestría en Derecho de la Regulación Económica en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra; en Derecho Constitucional y Derecho Público en la Universidad Castilla La Mancha, Albacete, España y en Gestión Universitaria en la prestigiosa Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, España.

Tiene 26 años de experiencia en el sector público, llegando a ocupar funciones relevantes en la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público, siendo la Primera Secretaria General del Ministerio Público de carrera. Más de 10 años dedicada a las actividades académicas llegando a liderar el Proyecto de Acreditación de la Escuela del Ministerio Público como instituto de educación superior por ante el Ministerio de educación Superior, Ciencia y Tecnología-MESCYT, convirtiéndose en la primera Rectora de la academia, funciones que desempeñó por más de 6 años.

Participó en la elaboración del Plan Maestro de Formación para Fiscales de Centro América y el Caribe, patrocinado por el Sistema de Integración Centroamericano-SICA. Capacitada en Estrategia Pedagógica para la formación de Ministerio Público en varios encuentros realizados en Panamá, Costa Rica, Hondura y Guatemala.

Lidero el proceso de selección y formación de los primeros Investigadores en Análisis Criminal, certificados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, sigla en inglés) principal rama de investigación del Departamento de Justicia de Los Estados Unidos.

Ha participado como panelista en más de 15 países que forman parte de la Red de Capacitación de Ministerio Público Iberoamericano-RECAMPI, con la participación de representantes de los 22 países miembros.

Certificada como Formadora de Formadores para la capacitación en Análisis Criminal para Ministerio Público por el Programa Internacional de Asistencia en Capacitación en Investigación Criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, conocida por su acrónimo ICITAP-COLOMBIA, auspiciada por la Unión Europea.

Ha sido capacitada en el uso de las herramientas tecnológicas en los servicios públicos en el Instituto Nacional de Administración Pública de España-INAP-ES.

Ha trabajado en colaboración interinstitucional, con varias organizaciones internacionales como (USAID, AECID, SICA y UNION EUROPEA ) en la

consecución de proyectos para el fortalecimiento del Misterio Público y del personal administrativo.

Docente de la Universidad Católica Madre y Muestra-PUCMM, en la cátedra de Derecho Procesal Penal.

Fue Procuradora Fiscal del Distrito Nacional (Abogada Ayudante), durante el periodo 1998-2001, coordinó el departamento de Abusos Sexuales con sede en la Policía Nacional. Como Fiscal coordinó los Comandos Sur y Norte de la Policía Nacional en el periodo 1998-2000.

En el marco de los servicios públicos, ha sido la responsable de la instalación de los Centros de Atención al Ciudadano de los servicios que ofrece la Procuraduría General de la República a nivel nacional e internacional, así como la implementación de la Primera Carta Compromiso de los Servicios Públicos que formó parte del Proyecto de Mejoras, auspiciado por el Banco Mundial, donde participaron varias instituciones del Estado siendo la PGR la única en incorporar todos los componentes del Proyecto.

Ha recibido reconocimientos de instituciones públicas y no gubernamental nacionales e internacionales por sus aportes a las mejoras de los servicios públicos y en la formación y desarrollo del Ministerio Público en República Dominicana y de Iberoamérica.

En la actualidad se desempeña como Rectora del Instituto Superior Especializado en Estudios Penitenciarios y Correccionales-ISEEPENC, con la misión de dirigir el proceso de selección, reclutamiento, formación, capacitación, evaluación del personal de la carrera del servicio correccional, e investigaciones derivadas de estas atribuciones, implementando procesos de selección transparentes y eficientes que potencialice el capital humano que entra al Sistema Penitenciario.

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